En un hecho sin precedentes, la jueza estatal Hannah Dugan fue arrestada este viernes por agentes del FBI en su propio juzgado del condado de Milwaukee, acusada de obstruir una operación migratoria federal.

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El caso, confirmado por el director del FBI, Kash Patel, ha desatado una ola de críticas hacia el gobierno de Donald Trump, que enfrenta señalamientos de utilizar acciones judiciales para silenciar a quienes se oponen a su campaña de deportaciones masivas.

Según un tuit publicado y luego eliminado por Patel, la magistrada habría “desviado intencionalmente” a agentes federales que intentaban detener a Eduardo Flores Ruiz, un migrante mexicano en situación irregular, durante una audiencia judicial el pasado 18 de abril.

Aunque el sujeto fue capturado horas después tras una persecución a pie, el FBI sostiene que la intervención de Dugan “aumentó el riesgo para la seguridad pública”.

La detención de Dugan se enmarca en la escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Poder Judicial desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025. Su administración ha impulsado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de 1798 diseñada para tiempos de guerra— para deportar a migrantes sin garantizarles procesos judiciales.

Jueces federales y estatales inmpusieron bloqueos reiterados a este tipo de medidas. Como respuesta, la Administración Trump recurre a permanentes apelaciones hasta llegar ante el Tribunal Supremo. En este marco, la inédita detención de la jueza Hannah Dugan puede ser entendida como un mensaje a quienes se opongan a las medidas de Trump, dado que es el primer caso en que el Ejecutivo criminaliza a un juez por interferir con sus operativos.

Hannah Dugan, jueza de circuito desde 2016 y reconocida por su trabajo en causas sociales, es acusada de dirigir a los agentes del ICE hacia la oficina de otro magistrado mientras Flores Ruiz abandonaba el edificio. Aunque las autoridades no han revelado evidencias concretas, el FBI insiste en que su acción fue premeditada.

En tanto, prganizaciones de derechos humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han cuestionado la transparencia del proceso: “Es preocupante que se use el sistema penal para intimidar a jueces que protegen derechos básicos”, declaró un vocero de la organización a la prensa estadounidense.

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